Comerciantes y trabajadores bloquearon la avenida Delicias tras una falla eléctrica que afectó las operaciones del centro comercial. La Alcaldía anunció una instancia de mediación para atender la disputa entre las juntas de condominio, mientras persisten los reclamos por servicios, administración y transparencia.
Por Redacción El Pepazo
Maracaibo, 10 de noviembre de 2026
La crisis del Centro Comercial Gran Bazar de Maracaibo entró en una nueva etapa. Después de semanas de denuncias por el deterioro de sus instalaciones y los desacuerdos sobre su administración, comerciantes y trabajadores protagonizaron otra protesta el lunes 9 de noviembre, que terminó con el cierre temporal de un tramo de la avenida Delicias.
El detonante inmediato fue una interrupción del suministro eléctrico, agravada por las dificultades para activar la planta de emergencia del establecimiento.
Los manifestantes denunciaron que las fallas de los servicios y la incertidumbre administrativa continúan afectando las ventas, las jornadas laborales y la estabilidad de quienes dependen económicamente del centro comercial.
La situación motivó la intervención de funcionarios municipales y policiales. Posteriormente, el alcalde Gian Carlo Di Martino anunció la conformación de una comisión especial para mediar entre la junta de condominio saliente y la nueva administración.
El anuncio representa un avance institucional respecto a las protestas registradas a finales de octubre, pero todavía no constituye una solución definitiva a los problemas denunciados.
Una nueva protesta paralizó el tránsito en la avenida Delicias
Durante la jornada del lunes 9 de noviembre, propietarios, comerciantes y trabajadores se concentraron frente al Gran Bazar para exigir respuestas.
La manifestación incluyó el bloqueo de la avenida Delicias, en sentido hacia Los Haticos, lo que afectó temporalmente la circulación vehicular.
Según los testimonios recogidos durante la protesta, los cortes eléctricos obligan a interrumpir las actividades comerciales y reducen las oportunidades de venta.
Flor Gómez, comerciante del establecimiento, denunció que la planta eléctrica no estaba funcionando y cuestionó que algunos cierres del centro comercial se realizaran sin información previa suficiente para los trabajadores.
Por su parte, Maikel Azuaje, trabajador de uno de los locales, pidió la intervención del alcalde para atender los desacuerdos relacionados con el condominio.
Los manifestantes insistieron en que sus puestos de trabajo dependen de que el establecimiento pueda operar en condiciones adecuadas.
La planta eléctrica se convirtió en el detonante
La falta de energía fue uno de los problemas centrales de la nueva jornada de protestas.
De acuerdo con los reportes conocidos el 9 de noviembre, la planta de emergencia no pudo responder inicialmente a la interrupción eléctrica por dificultades relacionadas con el combustible.
La situación obligó a suspender actividades en distintos locales.
Los comerciantes sostienen que el funcionamiento de un centro comercial requiere condiciones mínimas de iluminación, ventilación, seguridad y continuidad operativa.
Cuando esos servicios fallan, las consecuencias no se limitan a las molestias de los visitantes: también se afectan los ingresos de los propietarios, arrendatarios y trabajadores.
La crisis eléctrica volvió a poner sobre la mesa preguntas sobre el mantenimiento del generador, la disponibilidad de combustible y la planificación para enfrentar las interrupciones del servicio.
Momentos de tensión entre comerciantes y representantes del condominio
Durante la protesta también se reportaron enfrentamientos verbales y momentos de tensión relacionados con la disputa administrativa.
Versiones periodísticas señalaron que un grupo de manifestantes intentó impedir la salida de un vehículo en el que se trasladaban personas vinculadas con el condominio.
La situación reflejó el deterioro de las relaciones entre sectores que mantienen posiciones enfrentadas sobre la gestión del centro comercial.
Al lugar acudieron funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia y representantes de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Maracaibo.
Su intervención estuvo orientada a mediar entre los involucrados y facilitar la recuperación de la circulación.
No se dispone de información oficial suficiente para establecer responsabilidades individuales por los incidentes ni para confirmar procedimientos sancionatorios derivados de la protesta.
Di Martino anuncia una comisión para mediar entre las juntas
La principal novedad institucional llegó con el anuncio del alcalde Gian Carlo Di Martino sobre la creación de una comisión especial para atender el conflicto.
El mandatario municipal explicó que existe una junta de condominio saliente cuyo proceso de entrega administrativa no ha concluido.
La instancia de mediación busca facilitar el traspaso, reducir las tensiones y permitir que el establecimiento continúe desarrollando sus actividades.
La Alcaldía también informó que participarán funcionarios municipales y profesionales con experiencia en procesos de resolución de conflictos.
El objetivo declarado es evitar nuevos enfrentamientos y encontrar una salida que ofrezca estabilidad a comerciantes, propietarios y trabajadores.
Sin embargo, la conformación de una comisión no equivale por sí sola a una transferencia administrativa concluida.
Para establecer que el conflicto ha sido resuelto será necesario conocer las actas de entrega, los acuerdos firmados y la aceptación de las partes involucradas.
Anuncian gestiones para recuperar el funcionamiento de la planta
El seguimiento de las actuaciones municipales permitió conocer otra novedad.
Freddy Morón, presidente del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros de Maracaibo, explicó que se acordó establecer una instancia conjunta para evaluar las decisiones relacionadas con el centro comercial.
Asimismo, Marcos Amaya, director general de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, informó sobre gestiones para restablecer el suministro de combustible de la planta eléctrica.
También se anunció la apertura de mesas de trabajo con Corpoelec para abordar la continuidad del servicio.
Estas medidas representan respuestas iniciales a las denuncias de los comerciantes.
No obstante, todavía debe verificarse si el generador funciona con normalidad, cuál es su capacidad para atender las instalaciones y si existe un plan permanente de mantenimiento y abastecimiento.
Tampoco se ha confirmado públicamente que las gestiones con Corpoelec hayan producido una mejora sostenida del suministro eléctrico.
Los acuerdos del 2 de noviembre siguen bajo observación
La protesta del 9 de noviembre ocurrió después de una mesa de trabajo celebrada el día 2 entre representantes municipales, integrantes de la junta de condominio y el Comité de Defensa de Propietarios e Inquilinos.
De acuerdo con la información difundida sobre ese encuentro, se plantearon ocho compromisos para atender las diferencias administrativas y los problemas operativos.
Entre ellos destacaron la contratación de una auditoría externa, el acceso a información sobre ingresos y egresos, la revisión de los equipos de climatización y la consulta a los propietarios sobre proyectos de mayor envergadura.
También se informó sobre una propuesta de descuento del 50 % para determinados deudores, la decisión de no aplicar una cuota especial para reparaciones y restricciones al uso de la azotea como estacionamiento hasta contar con evaluaciones técnicas.
La existencia de estos acuerdos es relevante porque permite establecer compromisos concretos cuyo cumplimiento puede ser supervisado.
Sin embargo, hasta el cierre de esta actualización no se ha podido verificar documentalmente que la auditoría haya comenzado, que se hayan entregado los registros financieros o que las reparaciones estén concluidas.
Del deterioro de las instalaciones a una crisis de gobernabilidad
El conflicto del Gran Bazar no comenzó con la protesta del 9 de noviembre.
A finales de octubre, El Pepazo documentó las denuncias de comerciantes sobre el deterioro de las escaleras eléctricas, las fallas prolongadas del aire acondicionado y las dificultades que, según los afectados, perjudicaban las ventas.
En aquel momento también se identificaron antecedentes de controversias judiciales y administrativas relacionadas con la representación del condominio.
La investigación advirtió que era necesario distinguir entre las denuncias de los comerciantes, las decisiones judiciales históricas y la situación legal vigente.
Las nuevas protestas muestran que los problemas operativos y la disputa administrativa continúan relacionados.
Sin una estructura de gestión reconocida y mecanismos de transparencia, resulta más difícil establecer responsabilidades sobre el mantenimiento, las reparaciones y el uso de los recursos recaudados.
Al mismo tiempo, las diferencias administrativas no deberían impedir la atención de servicios esenciales para el funcionamiento del establecimiento.
Comerciantes piden transparencia sobre los recursos
Uno de los reclamos reiterados es conocer cómo se administran los pagos de condominio y otros recursos destinados al mantenimiento del centro comercial.
Los manifestantes han solicitado una auditoría y mayor claridad sobre los gastos.
También han cuestionado las cuotas cobradas frente a las condiciones de los servicios que reciben.
Estas denuncias requieren una revisión de documentos contables, contratos de mantenimiento, presupuestos y actas administrativas.
Por ahora, no existen elementos suficientes para afirmar que se haya cometido una irregularidad financiera específica.
La transparencia debe permitir que los propietarios conozcan qué recursos ingresaron, cómo fueron utilizados y qué obligaciones se encuentran pendientes.
Una auditoría independiente, con resultados documentados y accesibles para las partes, podría contribuir a reducir la desconfianza.
La temporada decembrina aumenta la urgencia de una solución
El conflicto se desarrolla en un momento especialmente importante para el comercio de Maracaibo.
Durante noviembre y diciembre, numerosos establecimientos dependen del incremento de la actividad comercial asociado con las festividades.
Las interrupciones eléctricas, la falta de climatización y los desacuerdos administrativos pueden afectar las operaciones precisamente durante uno de los períodos de mayor expectativa económica.
El alcalde Di Martino señaló la necesidad de evitar que las diferencias entre las juntas comprometan la estabilidad del establecimiento.
Para los comerciantes, una solución efectiva debe traducirse en condiciones de trabajo y atención al público que permitan recuperar la confianza de los compradores.
La continuidad de los servicios y la seguridad de trabajadores y visitantes serán elementos decisivos.
¿Qué debe ocurrir para resolver el conflicto del Gran Bazar?
La instalación de la comisión municipal abre una posibilidad de diálogo, pero el resultado dependerá de medidas verificables.
Entre las prioridades se encuentran la formalización de la transición administrativa, la publicación de los acuerdos alcanzados, la revisión de las cuentas del condominio y la evaluación técnica de los servicios.
También será necesario determinar las condiciones reales de la planta eléctrica y establecer un mecanismo de mantenimiento y suministro de combustible.
En cuanto a la infraestructura, los sistemas de climatización, ascensores y escaleras eléctricas requieren diagnósticos técnicos que permitan identificar costos, plazos y responsables.
Otro aspecto fundamental será conocer la posición formal de las juntas involucradas y los documentos que sustentan sus respectivas actuaciones.
Sin esos elementos, las versiones enfrentadas pueden continuar alimentando la incertidumbre.
El Pepazo seguirá el cumplimiento de los compromisos
La protesta del 9 de noviembre confirmó que las dificultades del Gran Bazar siguen afectando a quienes trabajan en sus instalaciones.
La comisión anunciada por la Alcaldía representa una respuesta institucional que no estaba concretada cuando El Pepazo publicó su primera investigación sobre el caso.
También se han anunciado gestiones para atender la planta eléctrica y abrir canales de trabajo con Corpoelec.
Sin embargo, los anuncios deberán traducirse en resultados.
La recuperación del Gran Bazar requiere mucho más que poner fin a las protestas: necesita claridad administrativa, servicios operativos y confianza entre propietarios, trabajadores y visitantes.
El verdadero avance se medirá cuando los comerciantes puedan trabajar con normalidad y las decisiones sobre el centro comercial estén respaldadas por documentos, transparencia y acuerdos verificables.
El Pepazo continuará dando seguimiento a la transición de la junta de condominio, la auditoría anunciada, el funcionamiento de la planta eléctrica y las soluciones para recuperar la infraestructura del establecimiento.
Fuente original: Diario Digital El Pepazo https://elpepazo.com
https://elpepazo.com/gran-bazar-maracaibo-protestas-comision-municipal/?fsp_sid=112212
